Alan García está de acuerdo con vigencia de exoneraciones en Ucayali

UCAYALI CONQUISTA SU DERECHO AL DESARROLLO. El Ejecutivo entendió por fin que la amazonía peruana necesita un tratamiento tributario especial, hasta que se le dote de infraestructura básica. (FOTO: William Sánchez Peña)

Pucallpa. 05.10.07. Y no podía ser de otra manera. La contundencia de la huelga de diez días con más de cien mil personas en las calles, que salieron de todos los rincones a protestar contra el alza innecesaria del costo de vida al eliminarse las exoneraciones tributarias; pesó bastante en la decisión del presidente de la República, quien envió el jueves al parlamento nacional un proyecto de Ley, con el carácter de URGENTE, que en la práctica restituye los incentivos y exoneraciones tributarias, contempladas en la Ley 27037 de Promoción e Inversión en la amazonía peruana.

Debemos reconocer que no solamente fue la protesta generalizada del pueblo ucayalino en las calles de Pucallpa, la que hizo entrar en razones al Ejecutivo, sino también la férrea posición de los dirigentes del Frente de Defensa de Ucayali liderado por Rómulo Coronado Calderón tras la medida de fuerza, quien con los dirigentes de base y el respaldo de la comunidad en su gran mayoría, lucharon intensamente, pese a los ataques de cierta prensa para lograr la restitución de los derechos de Ucayali a la supervivencia y al desarrollo.

Los que quedan mal, pero muy mal, son Jorge Velásquez Portocarero presidente regional y sus seguidores además de Nelson Torres Contreras de la Cámara de Comercio y. cierta prensa que por dinero y prebendas apoya las posiciones absurdas y contradictorias de los citados personajes.

En efecto, en las disposiciones complementarias finales, del proyecto de ley enviado por Alan García y el primer ministro Jorge del Castillo, bajo el nombre de: “Ley que complementa el Decreto Legislativo Nº 978”, se excluye a la Región Ucayali de los alcances de este decreto legislativo, cuando en los alcances de la presente ley, se indica: “Respecto de las circunscripciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del D.L. 978, lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la presente ley, no resultan aplicables al departamento de Ucayali ni a la provincia de Alto Amazonas en Loreto.

¿Y qué señala el artículo 2? Que se refiere al “Programa de sustitución gradual de exoneraciones tributarias”. Aquí entran los famosos 60 millones de soles que con tanta vehemencia defienden el presidente regional y el presidente de la Cámara de Comercio.

Siempre se ha dicho que si se tocan los 60 millones de soles depositados en las cuentas del Gobierno Regional, estaríamos aceptando la eliminación de las exoneraciones, porque así tácitamente lo indica el artículo 9 de ese D.L. 978, cuando señala que a Ucayali se le depositará 60 millones “como consecuencia de la eliminación de las exoneraciones e incentivos tributarios”.

No es pues una interpretación arbitraria. Por eso el Frente de Defensa exigió al gobierno regional la devolución de ese monto; que Jorge Velásquez, lo tomó como una locura con el pretexto de las enormes carencias y necesidades de la población.

“Te damos los 60 millones de soles pero te olvidas de las exoneraciones”, fue el mensaje de Jorge del Castillo al presidente regional y a toda la población ucayalina.

Ahora, el artículo 6 del D.L. 978 sobre el Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas, continuará aplicándose en Ucayali (según este proyecto de ley del Ejecutivo) porque su eliminación causó aún más el incremento en los precios de los productos de primera necesidad que afectan a las grandes mayorías.

Es así que el proyecto de ley firmado por Alan García y Jorge del Castillo, da el puntillazo final a los defensores de los 60 millones, cuando en su artículo cuarto, que se refiere a las transferencias a favor de los gobiernos regionales y locales, señala que deben ser devueltos al Tesoro Público.

¡Claro que sí! Tienen que ser devueltos, porque esos 60 millones fueron dados a cambio de eliminar las exoneraciones. Y como serán restituidas (porque es un hecho la aprobación de ese proyecto del Ejecutivo en el Congreso de la República) no nos corresponde ese dinero, mal negociado. Así de sencillo.

Ahora se requiere que nuestros empresarios, inversionistas y comerciantes se pongan a la altura de las circunstancias, así como nuestras autoridades y dirigentes.

FIN